Como no podía ser de otra forma el impacto económico ha afectado a los clientes a través de los ya tristemente famosos ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que ha provocado que muchos ciudadanos hayan dejado de ingresar sus nóminas completas o parte de las mismas. Ya sea por este motivo, o por precaución ante un futuro no muy halagüeño, muchos clientes han optado por prescindir de aquellas cosas y servicios que no son imprescindibles.
Pero hay una serie de servicios que son imprescindibles para los clientes y los cuales no es tan fácil dejar de lado. De esta manera más de 400.000 clientes han pedido moratorias en su factura de internet y móvil
a las compañías de telecomunicaciones. Entre un 7% y un 11% de los clientes, dependiendo de cada empresa de telecomunicaciones, se han acogido a esta medida. Ante esta situación y para evitar posibles situaciones de corte de la línea el Gobierno decretó la prohibición de cortar los servicios a los clientes por impago, prohibición que luego levantó estableciendo un sistema para que quienes mantengan impagos con su operadora no puedan cambiarse de compañía y además puedan realizar el pago de facturas pendientes de forma flexible.
En el caso de las compañías eléctricas
el número de clientes que se han acogido a este tipo de medidas ronda los 200.000. La compañía que ha retrasado el cobro de más facturas ha sido Naturgy
con un volumen de 128.000 recibos. En el caso de Iberdrola
se indica que más de 80.000
clientes se han sumado a las distintas iniciativas que ha puesto en marcha para paliar el efecto del coronavirus entre ellas la flexibilización de plazos de pago (fraccionamiento de las facturas de luz, gas y otros servicios energéticos en hasta 12 meses).
La banca
tampoco se ha quedado atrás en estos momentos y ha concedido 787.921
moratorias de crédito
por 33.000 millones, que incluye tanto moratorias hipotecarias como las de préstamos sin garantía. En el caso de los clientes acogidos a moratorias hipotecarias podrán ampliarlas con los bancos una vez venza el plazo legal.