Como ocurre tantas veces las administraciones y los legisladores, en general, suelen ir un paso (o varios) por detrás en las innovaciones que aparecen en el mercado, y desde que el mundo se ha digitalizado y todo evoluciona de una forma mucho más rápida esto les pasa con más frecuencia si cabe.

La llegada de plataformas de venta como Wallapop o Vinted han revolucionado la compraventa de productos como antes no había ocurrido, ya que se centran en el mercado de segunda mano y permite a los usuarios comprar cosas a precios razonables (con sus pros y sus contras), añadiendo otra ventaja a estas acciones: la llamada economía circular, es decir, permite dar un segundo uso a las cosas y no tirarlas a la basura y que otras personas no las compren nuevas limitando el consumismo.

Era solo cuestión de tiempo que mucha gente y negocios viesen en estas plataformas una forma de ganarse la vida de una manera legal y que la actividad de estas app’s creciese como la espuma y con ello el dinero que se genera con las mismas. De hecho, grandes empresas ya están viendo que no se pueden quedar atrás y Zara, por ejemplo, ha lanzado en el Reino Unido, a modo de prueba, la app PreOwned.



Mucha gente se pregunta como ganan dinero estas plataformas y cada una tiene su fórmula, pero por lo general suelen obtener sus ingresos por tres vías: servicios de envíos, por el que obtienen una pequeña comisión; servicios de visibilidad a usuarios que quieren destacar sus productos, y venta de espacios para publicidad display.

Hacienda quiere obtener su parte del pastel

Se calcula que en España el 60% de la población compra artículos de segunda mano, que van desde la ropa a la tecnología, pasando por los electrodomésticos. Y esto es mucho dinero que en algunas ocasiones no paga impuestos. Y esto no debe estar muy bien visto por Hacienda.

Basándose en la directiva de la Unión Europea 2021/514 de 22 de marzo de 2021 en la que exige que este tipo de plataformas deben informar a Hacienda de los datos de sus usuarios, la Agencia Tributaria va a obligar a las plataformas que informen sobre aquellos vendedores que o bien superen las 30 ventas en año natural o logren -aunque sea con un número de ventas inferior- más de 2.000 euros con dichas ventas.

Pero esto no se va a limitar solo a las plataformas de compraventa de bienes, sino que se extiende al arrendamiento de bienes inmuebles, los servicios personales, y el arrendamiento de cualquier medio de transporte.

Como no podía ser de otra manera, la Agencia Tributaria ya tiene previstas las sanciones para aquellos usuarios que proporcionen a las plataformas información personal falsa o no proporcionen la información requerida en el plazo establecido los cuales podrán ser multados con 300 euros. Del mismo modo, los usuarios que directamente se nieguen a proporcionar la información requerida verán que su cuenta queda bloqueada hasta que aporten los datos solicitados.



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